La organización de este sistema se articulaba sobre la diferenciación de dos niveles de
actuación, los servicios básicos y los servicios específicos, destacando en los primeros los
Centros de Acción Social (CEAS) como eje fundamental.
Para su efectiva implantación se aprobó el Decreto 13/1990, de 25 de enero, por el que
se regula el Sistema de Acción Social de Castilla y León, con la misión de dotar de
coherencia al sistema, concretando las funciones de los CEAS, regulando los Equipos de
Acción Social y potenciando la coordinación y la colaboración de la Administración de la
Comunidad con las entidades públicas y privadas.
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